Multas de 500 a 5.000 euros para los dueños de perros sin identificar

Tras la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal de Galicia llevar a los perros sin microchip puede acarrear a los propietarios sanciones entre 501 y 5.000 euros. Por su parte el maltrato de animales se castigará con multas de 5.001 a 30.000 euros.

El pasado mes de enero la Xunta de Galicia puso en marcha en su territorio la nueva Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía, una norma que defiende y protege los derechos de los animales y que, entre otros aspectos, contempla multas para los propietarios que incumplan la obligatoriedad de llevar a los perros con microchip.

Lo que hasta ahora se consideraba una infracción leve que se castigaba con entre 30 y 300 euros, pasa a tipificarse como infracción grave con multas que oscilan entre 501 y 5.000 euros. Además, los dueños estarán obligados a registrar a sus perros en un registro autonómico, que tendrá carácter “especial” en los casos de perros potencialmente peligrosos.

Para los responsables de la Xunta la dureza de las sanciones viene justificada por el elevado número de propietarios que incumplen la legislación vigente. En Galicia hay 500.000 perros censados y se calcula que existen al menos otros 200.000 animales sin identificar. Con la ayuda de las policías locales y del Seprona estos infractores se enfrentan ahora a elevadas sanciones por parte de la Consellería de Medio Ambiente.

La nueva norma también contempla la prohibición de las peleas de animales, las mutilaciones por motivos estéticos (corte de oreja o rabo), los circos con animales y la utilización de los mismos en fiestas y espectáculos, aunque sin embargo la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía no menciona en ningún momento las corridas de toros.

Con respecto a las situaciones de maltrato que causen la muerte o lesiones irreversibles en los animales maltratados, la nueva Ley prevé castigar estos comportamientos con multas entre 5.001 y 30.000 euros. Está prohibido el sacrificio de animales con el fin de controlar sus poblaciones, aunque se permitirán las eutanasias siempre y cuando estén prescritas por un veterinario y su objetivo sea evitar el sufrimiento animal.

Esta última medida pone contra las cuerdas a los centros de recogida dado que la norma anterior permitía sacrificar a los animales que llevasen más de tres meses en las instalaciones y tuviesen difícil adopción.

Por último, se prohíbe también la alimentación de animales callejeros sin permiso municipal y la recogida de los mismos bajo multas de 500 y 5.000 euros, respectivamente

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