Baja Laboral por COVID-19: Todas las claves

Todas las claves que debes saber sobre la Baja Laboral por COVID-19: Decretos, teletrabajo, Pymes y Autónomos, ERTEs, prestación por desempleo…

Baja laboral por cuidado de hijos

El Gobierno aprobó tras la crisis del COVID-19 que la baja de aquellos empleados aislados por contagio fuera considerada accidente laboral, por lo que sería la Seguridad Social quien pagara la baja de un trabajador.

Con el objetivo de frenar el incremento de personas contagiadas y paliar los efectos ocasionados por el COVID-19, el Gobierno español declaró el estado de alarma e implementó nuevas medidas para conseguir resultados efectivos a corto plazo.

BAJA LABORAL POR CORONAVIRUS

En lo que respecta al ámbito laboral, los cambios llegaron con el decreto aprobado por el consejo de ministros sobre las bajas por contagio de COVID-19 de aquellos empleados afectados. Según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los trabajadores contagiados y aislados por el virus se encontrarían de baja por accidente laboral. En este sentido, tanto las personas en aislamiento preventivo como quienes se hayan contagiado del virus, fueron consideradas en Incapacidad Temporal, que se asimila a la baja laboral por Accidente de Trabajo.

El cambio de criterio de la Seguridad Social llegó con motivo del incremento del número de contagiados en España, por lo que la necesidad de mejorar la prestación para los afectados es mayor y más urgente. El hecho de considerarla una incapacidad temporal por accidente laboral o enfermedad profesional llega con dicho fin, puesto que de esta forma, estos empleados pasarán a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración, según informó Illa.

Por su parte, los trabajadores del sector público que sean contagiados recibirán el 100% de su salario, como así ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

De esta forma, se produce un cambio de criterio por parte de la Seguridad Social, puesto que en un primer momento, se envió una circular en la que se especificaba que el contagio del coronavirus en empleados se consideraría baja por enfermedad común. La modificación se incluye en el paquete de medidas que el Gobierno aprobó tras la solicitud de UGT y C.C.O.O.

AYUDAS A PADRES CON HIJOS POR CORONAVIRUS

El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoció que estas propuestas que fueron aprobadas “se enmarcan en la necesidad de responder a la situación económica excepcional y transitoria causada por el COVID-19 y están en línea de otras tomadas por otros países de nuestro entorno”, según señala el ministro José Luis Escrivá. El objetivo, como destacó el propio Escrivá, no es otro que el de “facilitar a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias propuestas por motivos de salud pública, de forma que el coste no recaiga sobre las familias y empresas“.

Este nuevo Decreto-Ley, aprobado por los efectos del COVID-19, además de mejorar las condiciones de la baja laboral y tratar el aislamiento como tal, incluyó una prestación extraordinaria para aquellos padres que tengan que cuidar de sus hijos.

Medidas laborales frente al COVID-19

En plena crisis sanitaria, la pregunta de los trabajadores no fue otra que cuáles serían las medidas laborales a aplicar para garantizar lo máximo posible su seguridad durante la jornada: Cuáles son los derechos que protegen al trabajador que se encuentra en una posible situación de contagio, qué medidas puede adoptar la empresa en caso de “fuerza mayor” y cuál es el tipo de baja que cubre esta enfermedad son preguntas que todo empleado se cuestiona en esta situación.

BAJA LABORAL POR CUIDADOS DE HIJOS POR CORONAVIRUS

No cabe duda de que el COVID-19 afectó tanto a empresas como a trabajadores. El Gobierno tomó la partida con un Plan de Contingencia para minimizar los efectos del virus, que incluye pautas de actuación que solventen las situaciones comprometidas que puedan darse, aplicando la normativa laboral.

Prevención de riesgos laborales

El propio Ministerio de Sanidad insistió en que, en un primer momento, las medidas de aislamiento constituían la primera barrera de protección, tanto en los afectados como en el resto de trabajadores que pueden ser susceptibles de contacto con la persona contagiada.

MEDIDAS LABORALES O BAJA LABORAL POR CORONAVIRUS

Por tanto, tal y como establece la “Guía para la Actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”, las empresas pudieron adoptar medidas organizativas o preventivas de manera temporal, con el objetivo de evitar situaciones de contacto social sin la necesidad de paralizar la actividad. Dicha paralización total sí sería obligatoria en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, pero siempre optando a establecer medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral, o bien de forma alternativa, o suspendiéndola de forma temporal.

Si la prestación de servicios conllevara un grave riesgo e inminente de contagio en el centro de trabajo, los empleados podían interrumpir su actividad y abandonarlo. Además, los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de estas medidas, “a menos que hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave”, como indica la guía.

La opción del teletrabajo

Cada vez más implantada. Las opciones de teletrabajo o teleworking posiblemente se han convertido en las más válidas para evitar parar la actividad de forma temporal ante los contagios por COVID-19.

TELETRABAJO POR CORONAVIRUS

La guía recuerda que esta medida debe cumplir con la adecuación a la legislación laboral y al convenio colectivo, además de que no debe suponer una reducción de los derechos profesionales en lo que respecta a remuneración, jornada laboral, etc. Tampoco debe suponer coste alguno para los empleados.

¿Me pueden despedir o reducir la jornada por COVID-19?

Si la empresa se viese obligada a suspender su actividad laboral de manera total o parcial, podrá llevarlo a cabo según los criterios establecidos en el artículo 47 del estatuto de los trabajadores, y en el Real Decreto 1483/2012, en el que se aprueban los procedimientos relativos al despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada.

Entre las causas que podrían justificar un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (ERTE), se encuentran la existencia de índices de absentismo que impidan la continuidad de la actividad profesional, o que la Autoridad Sanitaria aconseje el cierre de la empresa. En cualquier caso, esta debe seguir el procedimiento establecido y llevar a cabo el periodo de consultas debidas con la representación del personal o la comisión constituida para ello.

Si finalmente se llevara a cabo la suspensión por fuerza mayor, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta durante el periodo de suspensión. Si, por otra parte, se produjeran extinciones de contratos de empleados, las indemnizaciones de los mismos correrían a cargo del Fondo de Garantía Salarial, según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. En el caso de que la empresa no comunicara el ERTE pero paralizara su actividad, el derecho de salario del empleado seguiría intacto.

Pymes y autónomos

Tanto los trabajadores autónomos como las pymes pudieron aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis meses, tal y como estableció el decreto aprobado por el Gobierno el 14 de marzo. Estos aplazamientos podrán presentarse a través de una solicitud previa para las deudas tributarias incluidas en el periodo del 13 de marzo al 30 de mayo. Los autónomos obligados a parar su actividad o con una caída de ingresos del 70% o más respecto al semestre anterior recibirán una prestación extraordinaria.

De esta forma, el Gobierno buscaba frenar el impacto que llevaba consigo el escenario de contención en los sectores con mayor vulnerabilidad en la economía, como son los pymes y autónomos. También permitió el aplazamiento de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las cuotas del IVA, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados de Sociedades.

El decreto permite también el aplazamiento de los reembolsos para las empresas que recibieran préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. El aplazamiento puede solicitarse del pago principal y/o intereses de la anualidad del curso, siempre y cuando el plazo de vencimiento sea inferior a seis meses y que las crisis del coronavirus les haya causado periodos de inactividad, una reducción en el volumen de ventas o interrupciones en el suministro que dificulte o imposibilite atender el pago de la misma.

El Gobierno aprobó además una moratoria de cotizaciones, facilitando el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social y una prestación extraordinaria para los colectivos más vulnerables. Una medida que tanto las pymes como los autónomos habían solicitado para poder hacer frente a la gran reducción de ingresos que estaban recibiendo en el estado de alarma. Las empleadas del hogar y los trabajadores temporales recibirán una prestación por desempleo extraordinaria (70% de su cotización para el primer grupo y el 80% del IPREM para el segundo).

El Consejo de Ministros celebrado el 21 de abril de 2020 aprobó nuevas medidas tributarias que afectan a pymes y autónomos. Los trabajadores autónomos en régimen de módulos pudieron tributar por estimación directa de forma excepcional, y se beneficiaron del establecimiento de una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiendo descontar en cada trimestre los días que forman parte del estado de alarma. En lo que respecta a las pymes, pudieron modificar su sistema de pago fraccionado del impuesto de sociedades según las previsiones para 2020. También pudieron supeditar el pago de las deudas tributarias del impuesto de sociedades a la obtención de un crédito ICO.

Real Decreto Ley 8/2020: Pago de hipotecas, los ERTE y el cobro de la prestación de desempleo

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo que complementa al anterior (463/2020), e incluyó medidas para facilitar los ERTE y el cobro de la prestación por desempleo. Además, se lanzaron avales para garantizar la liquidez de las pymes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan para movilizar 200.000 millones de euros para frenar el impacto de la crisis económica del coronavirus, la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia en España. Una cantidad que, según el propio Sánchez, se acerca al 20% del producto interior bruto.

Entre las medidas extraordinarias acordadas para el ámbito laboral, se encuentra la moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos en situación de vulnerabilidad económica y para aquellos contagiados de COVID-19.

El decreto incluyó también una flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), y permitió el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos. Además de una exoneración del 100% de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo, y del 75% para el resto de empresas. Unas cifras siempre ligadas al mantenimiento de las plantillas.

Los trabajadores pudieron adaptar su jornada laboral, o reducirla incluso al 100% cuando su presencia sea necesaria para atender a otra persona dependiente, o que requiera por edad, enfermedad o discapacidad, un cuidado personal y directo.

Tal como demandaban los sindicatos y empresarios, se flexibilizaron los ERTE de suspensión o reducción de jornada, con una simplificación de los procedimientos y acortando los plazos de resolución, definiendo lo que se entenderá por fuerza mayor en las circunstancias actuales. Se reconoció la prestación de desempleo contributiva a aquellos empleados que, tras ser afectados, no cumplan con el mínimo requisito de cotización. No se computaría el tiempo en el que el trabajador cobre la prestación a efectos de consumir el periodo máximo de percepción, conocido como “contador cero”.

¿Cuándo se cobra la prestación por ERTE y qué se debe hacer?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se vio desbordado con la cantidad de solicitudes para la prestación de desempleo por ERTE que se llevaron a cabo desde que el Gobierno aprobó esta medida. Muchas son las dudas que se plantearon los trabajadores que recibieron la notificación por parte de su empresa de llevar a cabo el Expediente de Regulación de Empleo Temporal durante esta crisis del coronavirus. Para empezar, cuándo se cobra dicha prestación es la primera y principal cuestión que albergan estos empleados.

Esta prestación es recibida por el trabajador desde la fecha de efecto del ERTE, y si este se hubiera notificado por fuerza mayor, contará la fecha en la que se dejó de trabajar como consecuencia de la situación provocada por el coronavirus y el estado de alarma, según indica la guía de CC. OO. Será necesario para realizar la solicitud un certificado en el que figure la causa y la fecha de efectos del ERTE.

En lo que respecta al procedimiento, la empresa debe presentar la solicitud a la autoridad laboral competente con un informe relativo a la pérdida de la actividad como consecuencia del coronavirus, y comunicándoselo a los trabajadores afectados. La resolución se dictará en un plazo de cinco días desde la solicitud, en lugar de los siete que se establecen de forma general.

cobrar ERTE por desempleo

Por su parte, el SEPE llevó a cabo un procedimiento que permite la tramitación de la prestación por desempleo en los ERTE para toda la plantilla por parte de la empresa. De esta forma, los empleados afectados no deben presentar ninguna solicitud en este caso, sino que será la empresa la que facilitará la información necesaria al servicio de empleo para que se lleve a cabo el pago de las prestaciones, siendo esta una de las principales diferencias con el ERTE ordinario.

El cobro por ERTE ordinario, al igual que el del paro, se establece en el 70% de la base reguladora, teniendo como referencia los 180 días anteriores a la fecha del ERTE. Se cobrará el 70% de la base de los seis primeros meses, y a partir del séptimo el 50%, aunque se prevé que estos expedientes de regulación temporales sólo se mantengan durante la duración del estado de alarma. Además, se fijarán unos mínimos o máximos que pueden variar en función de si el beneficiario tiene hijos o no, siendo el mínimo a recibir sin hijos de 501,98 euros mensuales, y con uno o más hijos de 671,40. En cuanto a la prestación máxima, sin hijos se sitúan en los 1.098 euros, en 1.254 con un hijo y en 1.411 con más de uno.

Si se trata de un ERTE de reducción de jornada, el empleado cobrará parte del sueldo y también parte de la prestación por desempleo, que equivaldrá al de la reducción. Si, por ejemplo, la jornada se ha reducido en un 50%, la cuantía de la prestación será del 50% a la que correspondería en caso de desempleo a jornada completa. El ERTE puede afectar a sólo una parte de la plantilla, y durante el mismo no se generan vacaciones ni la parte proporcional a las pagas extras.

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Jesús Rengel Ortiz

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