La iniciativa catalana es más ambiciosa que la establecida en Madrid, puesto que la Zona de Bajas Emisiones abarca, salvo excepciones, los términos municipales de Barcelona, Sant Adriá de Besós, L´Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellá de Llobregat. Las restricciones son de lunes a viernes de 7 a 20 horas y en 2021 afectarán también a los vehículos comerciales e industriales.
Desde el pasado 2 de enero se encuentra en vigor en Barcelona la denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un área de 95 km2 de superficieque abarca la totalidad del término municipal de la Ciudad Condal, salvo la Zona Franca Industrial, Vallvidriera, Tibidabo y Les Planes, y los municipios de Sant Adriá de Besós, L´Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellá de Llobregat, aunque en el caso de estos dos últimos las restricciones al tráfico de los vehículos más contaminantes tan sólo afectan a una parte de ambos municipios.
Como en el caso madrileño la normativa vigente en la Zona de Bajas Emisiones limita la circulación en función de la etiqueta ambiental de la DGT y los primeros vehículos afectados son los vehículos comerciales matriculados antes del 1 de enero de 1994 sin etiqueta DGT, que de lunes a viernes no podrán circular por la zona de bajas emisiones entre las 7 y la 20 horas, aunque está previsto que en 2021 estas restricciones se amplíen al resto de furgonetas, camiones y autobuses sin etiquetas Eco o Cero.
Según los informes que maneja el Ayuntamiento de Barcelona, al menos el 56% de los vehículos ligeros y el 59% de los pesados que realizan transporte de mercancías en el ámbito de la ZBE carecen de distintivo ambiental, lo que en la práctica significa que los transportistas afectados tienen un año de prórroga -hasta enero de 2021- para renovar sus flotas.
Las organizaciones profesionales calculan que serán aproximadamente 24.000 unidades las que deban ser sustituidas por otras medioambientalmente sostenibles, muchas de ellas propiedad de pymes y autónomos que carecen de capacidad financiera para acometer esta “operación renove”, dado que el coste de adquisición se estima entre 30.000 y 120.000 euros.
Por otro lado, los transportistas critican la inseguridad jurídica que existe a la hora de adquirir unos nuevos vehículos, cuyo plazo de validez podría no llegar a los cuatro años si las autoridades municipales deciden incrementar las restricciones medioambientales con respecto a las actuales. En este sentido lo que piden los transportistas es que los vehículos actualmente en circulación puedan continuar utilizándose hasta el final de su vida útil y siempre sin posibilidad de que puedan ser transmitidos a terceros.
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