Un reciente Decreto-Ley regula que cargadores y destinatarios deberán realizar la carga y descarga de los camiones con personal propio y debidamente cualificado, estableciendo excepciones en los sectores de mudanzas, distribución urbana, mercancías peligrosas y portavehículos. Esta nueva normativa establece sanciones de hasta 15.000 euros para las empresas que obliguen a los conductores a cargar y descargar sus vehículos.
El tema de la carga y descarga por parte de los conductores está sobre la mesa de todos los gobiernos europeos. España sigue sin tomar una decisión al respecto, algo que inquieta al Comité Nacional del Transporte.
Los representantes de los transportistas exigen un posicionamiento al respecto, mientras que en el caso de otros países comunitarios, como es el caso de Portugal, los conductores ya tienen prohibido intervenir o participar en las labores de carga y descarga de sus camiones.
La Comisión Europea ha aconsejado a los estados miembros que legislen de forma similar a como lo ha hecho Portugal e, incluso, el polémico asunto de la carga y descarga ya estaba en la plataforma reivindicativa que el transporte español esgrimió para el paro sectorial convocado en julio de 2020.
En aquel momento la desconvocatoria del conflicto se realizó, entre otros compromisos, en base a la apertura de una mesa de negociación entorno a la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores.
En el caso portugués la nueva normativa establece algunas excepciones, como es el caso de las mudanzas, la distribución urbana, las mercancías peligrosas o los portavehículos, especialidades que requieren que los conductores intervengan de forma activa en las labores de carga y descarga.
Un aspecto interesante del “caso portugués” es que se establecen sanciones de hasta 15.000 euros para aquellos cargadores o destinatarios que obliguen a los conductores profesionales a realizar labores de carga y descarga, dado que este tipo de comportamientos tienen la consideración de faltas muy graves desde el punto de vista de la legislación de transportes.
Por otro lado, esta prohibición legal afecta a todas las operaciones realizadas en territorio portugués y a todos los conductores, tanto nacionales como internacionales, lo que alcanza por supuesto a los chóferes españoles y a los extranjeros en nómina de empresas de transporte españolas que operen en Portugal.
Finalmente, el Decreto-Ley que regula este tipo de actividades hace hincapié en que las labores de carga y descarga son funciones que cargadores y destinatarios deben realizar con sus propios medios y con personal debidamente cualificado y formado en dichas tareas.
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