Cártel de fabricantes: La sanción a Scania abre un periodo de cinco años para las reclamaciones

Quienes compraron camiones Scania entre 1997 y 2011 tendrán hasta 2022 para presentar reclamaciones por los sobrecostes soportados, pero amparándose en el concepto de “Solidaridad Plena” todos los transportistas podrían presentar sus reclamaciones hasta ese mismo año sin tener en cuenta la marca

Camiones

El pasado mes de septiembre Scania era acusada formalmente de haber tomado parte en el cartel de fabricantes de camiones que tuvo lugar entre 1997 y 2011 y la Comisión Europea fijaba por este motivo una sanción de 881 millones de euros para la firma sueca. ¿Pero qué supone esta decisión para los transportistas españoles?

Para comenzar la sentencia de las autoridades europeas se produce después de que la Directiva de Daños hubiera sido transpuesta a la normativa española, lo que se traduce en que los clientes afectados en nuestro país tienen cinco años -hasta 2022- para presentar reclamaciones indemnizatorias por los perjuicios causados, mientras que anteriormente este plazo -según el viejo Código de Civil- era de tan sólo un año.

Pero la Directiva de Daños recoge muchas más cosas, entre otros el concepto de “Solidaridad Plena”, que dependiendo de la interpretación que puedan hacer los jueces permitiría que todos los afectados por el cartel de fabricantes pueden demandar a Scania aunque los vehículos que compraron fueran de otra marca, dado que la normativa considera que todos los “cartelistas” son igualmente solidarios frente a los afectados, lo que en la práctica podría extender todas las reclamaciones hasta 2022.

En España se calcula que los sobrecostes que el cartel produjo en los precios de compra podría estar en una media del 12,5%, a lo que habría que sumar el llamado derecho de “Plena Reintegración” que contabiliza también los intereses financieros que correspondan en función del año de compra del vehículo.

En Alemania ya se ha producido recientemente una sentencia favorable por parte de un tribunal del área de Hannover, que aunque no fija ninguna cuantía para la indemnización sí que reconoce que existió el sobrecoste y que los efectos del cartel incluso pudieron durar más allá de 2011, abriendo con ello nuevas posibilidades de reclamación a nivel comunitario.

En España serán los Juzgados Provinciales de lo Mercantil los encargados de dirimir las reclamaciones de los transportistas y de decidir finalmente si esos sobrecostes existieron y por lo tanto el montante de las indemnizaciones. Es muy posible que a lo largo de este año se emitan las primeras sentencias, que servirán de referente para los miles de casos que ya están en los tribunales o que lo estarán próximamente.

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