Cataluña y DGT prohibirán los camiones en la N-340 y en la N-240

En las próximas semanas podrían entrar en vigor los peajes obligatorios en los tramos que atraviesan las provincias de Castellón, Tarragona, Lleida y Barcelona. Los PGE 2018 contemplan 45 millones de euros para subvencionar la política de peajes obligatorios para los camiones pesados.

Si alguien pensaba que los peajes obligatorios para camiones eran cosa del pasado, concretamente de 2015, que se olvide de ello y que se prepare para lo que se nos viene encima porque todo apunta a que van a ser una realidad en las próximas semanas.

Para comenzar la Dirección General de Tráfico (DGT) ultima una Resolución que cuando entre en vigor prohibirá que todos los conjuntos y vehículos de transporte de mercancías con cuatro o más ejes puedan circular por la N-340 entre las localidades castellonenses de Peñíscola y Vinaroz.

Esta medida obligará a que todo el tráfico pesado que utiliza esta carretera en sus tránsitos nacionales e internacionales se traslade obligatoriamente a la AP-7, una autopista de peaje que el gobierno socialista ha anunciado que quedará liberada a finales de 2019 cuando concluya la concesión actualmente en vigor.

Al hilo de la medida que pretende aplicar la DGT en Castellón el Servicio Catalán de Tránsito también pretende sumar alguna prohibición más para camiones pesados en Cataluña, unas restricciones que inicialmente afectarían tanto a la N-340 como a la N-240 a su paso por las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida.

Las autoridades de la Generalitat estudian aplicar restricciones en la N-340 en los tramos localizados entre Alcañiz y L´Hospitalet de L´Infant y entre Altafulla y Villafranca del Penedés, mientras que en la N-240 el tramo afectado estaría entre Borges Blanques y Montblanc. Esta decisión del gobierno catalán provocará el trasvase obligatorio de camiones hacia la AP-7 y AP-2, respectivamente.

Por otro lado, en los Presupuestos Generales del Estado 2018 que recientemente han entrado en vigor después de ser aprobados en el Congreso y el Senado figuran contabilizados en el apartado del ministerio de Fomento un total de 45 millones de euros que se emplearían para subvencionar un hipotético Plan de Desvío Obligatorio de Camiones.

Las organizaciones de transportistas quieren que este plan se concrete y desarrolle antes de aplicar una política unilateral de peajes obligatorios, al tiempo que exigen al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la negociación de esta política de restricciones a camiones con el Comité Nacional del Transporte.

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