El último informe anual entregado por la Defensora del Pueblo vuelve a condenar los seguros vinculados a hipotecas y pone en entredicho la pasividad del Ministerio de Economía.
Que las entidades bancarias tengan la posibilidad de condicionar la aprobación de un préstamo hipotecario por la contratación de un seguro con ellas es un asunto que lleva años generando polémica. No sólo entre los propios clientes de los bancos, principales perjudicados por este abuso. Sino también por parte del propio sector asegurador, que siempre ha denunciado la competencia desleal y el abuso de poder que estarían ejerciendo algunos bancos españoles.
El seguro de hogar o de vida obligatorios para contratar la hipoteca con el banco es uno de eso “aros” impuestos por la banca española por el que hemos tenido que pasar casi todos los que hemos comprado una casa. Pero parece que por fin estaría a punto de acabarse. Al menos a tenor del último informe de la Defensora del Pueblo.
Soledad Becerril, quien ostenta el cargo, hacía entrega del Informe Anual 2016 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor y al presidente del Senado, Pío García Escudero, el pasado 28 de febrero. Una extensa memoria en la que crecen las recomendaciones, sugerencias y actuaciones de oficio respecto a anteriores años. Y en la que llama especialmente la atención el apartado referente a los seguros. Más concretamente los vinculados a préstamos hipotecarios.
Según reza el documento firmado por Becerril, por parte de su institución ha continuado la actuación de oficio en la que se efectuó una Recomendación sobre la posibilidad de establecer restricciones a la práctica de las entidades bancarias de imponer la contratación de seguros vinculados a los préstamos hipotecarios.
Una materia que, según señala, ya se encuentra regulada por la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) número 1093/2010, y la disposición adicional vigésima de la Ley 10/2014. Es decir, se trata de un asunto largamente tratado y regulado por las autoridades europeas.
Pese a lo cual, en nuestro país los bancos han podido continuar desarrollando esta cuestionable actividad frente a sus clientes. Y es ahí donde la Defensora del Pueblo no ha tenido apocamiento alguno a la hora de señalar el papel jugado por el Gobierno. Y más concretamente por el Ministerio de Economía, que actualmente dirige Luis De Guindos. Tal y como señala el informe de Becerril, <<Esta institución ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de aprobar una disposición sin esperar a la nueva directiva, pero el Ministerio de Economía persiste en considerar más adecuado esperar a la transposición de la directiva al derecho español una vez que esta sea adoptada>> .
Es decir, la Defensora del Pueblo no ha dudado en condenar esta práctica -una vez más-, como tampoco lo ha hecho al señalar que la pasividad normativa del ministro ha favorecido claramente que determinadas entidades hayan continuado con una práctica que ya ha sido prohibida reiteradamente por las altas instituciones europeas. Sin embargo la lentitud de la burocracia está permitiendo al sector bancario continuar aprovechando su posición ventajosa, con el evidente perjuicio para los consumidores.
¿Qué opinas de la noticia? ¿Has tenido alguna vez que pasar por el “aro” de una entidad bancaria para que te aprueben la hipoteca? Cuéntanos tu experiencia.
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