La Real Sociedad Canina de España solicita una Ley de Bienestar Animal que universalice la identificación canina. Desaparecería el listado de razas PPP y se establecería la necesidad de un “manejo particular” para cualquier perro valorando previamente su comportamiento.
El Gobierno pretende presentar un anteproyecto de ley con el objetivo de modificar la Ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos o, lo que es lo mismo, determinar cuáles son las razas de perros PPP que necesitan en la actualidad licencia.
Recuerda cuáles son las consideradas como tal actualmente en España:
Razas de Perros Peligrosos
Dicha normativa pasaría a establecer un nuevo valor para establecer la necesidad de un “manejo particular” sobre perros, a través de un análisis previo de su comportamiento. De esta manera, desaparecería el listado de razas PPP y la forma de actuar del animal sería el parámetro a medir para determinar que forme parte de esa selección, sin que influya su genética o los tipos de razas para evitar así prejuicios que pueden considerarse injustos. La norma establecería para ello un mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar que se pueda valorar.
Este anteproyecto prevé que los perros que lleguen a necesitar este “manejo particular” deberán ser educados a través de técnicas de mejora de comportamiento con el fin de eliminar su tendencia agresiva.
Todo ello ha sido explicado por el director general de Derechos Animales del Gobierno, Sergio García Torres, durante la I Jornada Política que ha organizado la Real Sociedad Canina de España. En la misma señaló también los cambios en la normativa que conllevará esta nueva ley de Bienestar Animal que se encuentra aún en fase de preparación.
Por su parte, la RSCE ha solicitado que la nueva normativa universalice la identificación canina, la educación de niños y jóvenes en valores que fomenten el respeto y la empatía animal, la protección y fomento de razas autóctonas y el reconocimiento al trabajo de los criadores éticos y responsables.
La homogeneización de 17 normativas
Según ha aclarado Torres, la ley en la que trabaja el Gobierno se centrará en homogeneizar hasta 17 normativas autonómicas con el fin de establecer un marco general común. También se incluiría un ‘Sistema de Registros de Protección Animal’ (SRPA), del que formarían parte diferentes sistemas de identificación, como un registro de centros de bienestar animal para garantizar la profesionalidad del sector, o el de recogida de animales abandonados con las entidades de protección animal.
También se implantaría un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina en colaboración con los ministerios de Trabajo y Educación. Con ello se pretende establecer un marco de formación al que los profesionales puedan incorporarse de manera regulada y así los clientes puedan acceder a estos “con garantía”.
Del SRPA también formaría parte un Registro Nacional de Animales de Compañía, para coordinar los 17 registros autonómicos y permitir un acceso a tiempo real de los datos de todos los animales del país. Por otra parte, el Registro Nacional de Criadores de Compañía deberá incluir a profesionales y amateurs con el fin de que únicamente aquellas personas registradas sean criadores oficiales.
La normativa contará como otro de sus pilares fundamentales la obligatoriedad de identificar a los animales de compañía, antes de que puedan ser comprados y dentro de los tres primeros meses de vida para mantener controlada la cría. En la misma línea se pondrá en funcionamiento un Registro Nacional de Inhabilitación para la Tenencia de Animales de Compañía, que recopilará a aquellos condenados por maltrato y que les imposibilitará poder registrar algún animal a su nombre.
Los animales son seres que sienten
El proyecto prevé modificar el código civil con el objetivo de reconocer por fin a los animales como seres sintientes, en línea con el Tratado de Lisboa. La modificación penal también implicaría actualizar al alza las penas por delito de maltrato animal, habiendo quedado las actuales “bastante laxas”, al contar con un límite de 18 meses.
El director general también reconoció que se plantean un anteproyecto de ley para perros de asistencia, en el que se incluyan criterios homogéneos y que equipare su acceso en espacios públicos. Por ello, García Torres insistió en que “el anteproyecto de ley nacional de protección animal será la combinación de ambos proyectos”, con el fin de avanzar hacia el abandono cero y el sacrificio cero.
Dicha estrategia ha sido seguida ya por países nórdicos, consiguiendo el objetivo propuesto de reducir el abandono animal hasta prácticamente erradicarlo. De hecho, la RSCE ya solicitó en su momento la inclusión de una asignatura de Educación Animal en la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que aprobó el Gobierno en 2020 y que contempla la introducción al respeto animal y los derechos de los animales en el currículo escolar.
Periodista | Comunicación corporativa y Marketing Digital en TERRÁNEA