Fomento quiere mantener la antigüedad máxima de los vehículos para los nuevos transportistas

Después de que el Tribunal Europeo de Justicia declarara ilegal el requisito de flota mínima el Gobierno español quiere mantener la antigüedad máxima de cinco meses para los vehículos de los nuevos transportistas que accedan al sector, aunque antes quiere negociar esta exigencia con la Comisión Europea.

Fomento quiere mantener la antigüedad máxima de los vehículos para los nuevos transportistas

Entre los futuros requisitos para acceder al transporte de mercancías por carretera y convertido en uno de los mecanismos legales que pueden impedir que se dispare el número de transportistas una vez que ya no se podrá exigir flota mínima, el ministerio de Fomento tiene intención de mantener la antigüedad máxima de hasta cinco meses para los vehículos.

Como ha confirmado Joaquín del Moral, Director General de Transporte, la intención del gobierno español es negociar previamente con la Comisión Europea esta exigencia antes de incluirla en el ROTT, porque el objetivo es que no suceda lo mismo que pasó con el fallido requisito de los tres camiones.

Nuestro país argumentará que el parque español de vehículos de transporte público ha envejecido peligrosamente durante la crisis y que por lo tanto se hace necesario apostar por un rejuvenecimiento del mismo desde una óptica tanto de sostenibilidad medioambiental como de seguridad vial, dos cuestiones promovidas por la Comisión Europea en el ámbito comunitario y a la que puede contribuir positivamente el hecho de mantener la exigencia de edad máxima para los vehículos que vayan a utilizar los nuevos transportistas.

Desde el comienzo de la crisis en 2008 la edad media de los vehículos de transporte ha seguido en España una tendencia alcista hasta situarse en siete años y medio para las tractoras, trece años para los camiones rígidos pesados y nueve años para los vehículos ligeros, aunque puede que esta realidad no sea razón suficiente para asegurar el mantenimiento de este requisito en el acceso a la profesión, que por otro lado es defendido y apoyado por las principales organizaciones de transportistas.

En este sentido hay que recordar que existe una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) de 2014 que ya declaró ilegal esta exigencia para las autorizaciones de transporte privado complementario y aunque en aquel momento el Alto Tribunal no hizo ninguna mención con respecto a su ilegalidad en el transporte de servicio público, los expertos jurídicos dudan de que el TEJ no pueda presentar ahora nuevas objeciones, lo que justificaría una consulta previa para evitar que el ROTT, que está previsto que entre en vigor a comienzos de enero de 2019, sufra un nuevo retraso.

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