Francia insiste por quinta vez en cobrar una ecotasa a los camiones

El Gobierno francés ha hecho pública su intención de imponer una ecotasa dentro de la nueva Ley de Orientación de la Movilidad que afectará a todos los camiones que circulan por las carreteras del país.

Francia intenta imponer una ecotasa a los camiones por circular por carreteras como esta del parisino barrio de La Defense

El pasado 28 de Mayo comparecía la Ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne. Una intervención en la que la mandataria francesa corroboró que el Gobierno de nuestro país vecino tiene la firme intención de instaurar una viñeta “temporal” (ecotasa) a los camiones pesados por el uso de las carreteras galas, con motivo de la futura tramitación de la Ley de Orientación de la Movilidad. Un documento que será presentado en el próximo Consejo de Ministros francés.

Se trata, por tanto, de la quinta ocasión en que la administración estatal francesa intenta llevar a cabo la imposición de una ecotasa a los camiones que circulan por sus carreteras. Impuesto que afectaría tanto a los camiones franceses como a los extranjeros, y que se ha intentado establecer ya en anteriores ocasiones. Habiendo sufrido aplazamientos en 2013 y 2014, hasta ser en último caso suspendido en el 2015 después de las multitudinarias movilizaciones que realizaron tanto los transportistas como los agricultores de Francia en su contra.

El anuncio de la mandataria ha causado un inmediato rechazo y airadas respuestas por parte de todas las asociaciones de transportistas del país. Entre ellas la Union Nationale des Organisations Syndicales (UNOSTRA), miembro de la Asociación Europea de Transportistas por Carretera (UETR) y confederada de la española FENADISMER, que ha tachado de «falso» el argumento del ejecutivo galo que afirmaba que los profesionales del transporte no son partícipes de la financiación de las infraestructuras del país y que imponer este pago a los vehículos pesados sería la única forma «perenne» de financiarlas.

La indignación en el sector transportista se hace comprensible si atendemos al impuesto sobre los hidrocarburos que ya en 2016 estableció el Estado francés, obligando a pagar un recargo de 4 céntimos de euros por litro. Un impuesto sobre los combustibles que sólo el año pasado supuso 5 mil millones de euros pagados por parte de los camioneros. Cifra a la que hay que sumar los impuestos de circulación, de cuyo conjunto la administración ha sacado más de 7 mil millones sólo en impuestos a los transportistas. Razón por la que el sector no ha dudado en señalar que contribuyen «más que suficientemente» al mantenimiento y renovación de las infraestructuras. Pues con estas cifras cubrirían el 214% de sus costos en las autopistas francesos y el 122% en todas las carreteras del país vecino.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha mostrado públicamente su apoyo a los transportistas franceses y ha rechazado de plano la medida. Y es que nuestro país sería además uno de los más afectados de la Unión Europea, dado que más de 100.000 camiones españoles autorizados para realizar transporte internacional están obligados a atravesar el país vecino para transportar sus mercancías. Lo que supondrá, a la postre, numerosas pérdidas para nuestro país, ya que los productos que exporta España se verían obligados a subir los precios y dejar de ser competitivos en el mercado internacional debido al sobrecoste del transporte causado por la impopular medida del Gobierno francés.

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