El presidente Macron ha conseguido que Bulgaria y Rumania cambien de posición y se ha asegurado que tan sólo Polonia y Hungría se muestren desfavorables a cambiar el actual texto de esta normativa. El objetivo es terminar con la competencia desleal que ejercen las empresas radicadas en países del Este. Francia y la Alianza por la Carretera quieren que los trabajadores desplazados por más de tres días estén sometidos a las políticas laborales y salariales del país de acogida.
El presidente francés Emmanuel Macron ha aprovechado las últimas semanas para desarrollar una ambiciosa agenda política por Austria, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria con el fin de recabar apoyos para sus planes de reforma de la polémica Directiva Europea de Trabajadores Desplazados, una normativa que a su juicio está fomentando el fraude, la competencia desleal y que entre otros perjudica gravemente a los trabajadores franceses.
Hay que recordar que la República Checa y Eslovaquia forman junto con Polonia y Hungría el llamado Grupo de Visegrado, una vieja alianza reactivada en su momento por los presidentes Vaclav Havel y Lech Walesa para agilizar la entrada de nuevos países en la UE y que en el presente ha venido rechazando sin fisuras la modificación de dicha Directiva, aunque tras la visita de Macron la situación parece haber cambiado sustancialmente.
En estos momentos tan sólo los gobiernos de Varsovia (Polonia) y Budapest (Hungría) continúan manteniendo su rechazo frontal a las modificaciones propuestas por Francia, mientras que Bulgaria y Rumanía parecen haber modificado su posición después de que el presidente francés les haya ofrecido, a cambio de sus votos favorables en este tema, el apoyo galo para la integración de ambos países en el espacio sin fronteras de Schengen.
El objetivo de la Directiva de Trabajadores Desplazados es conseguir que aquellos asalariados que tengan su empleo en un estado comunitario y que sean enviados por su empleador a trabajar a otro país de la UE por un periodo superior a tres días, estén sometidos a las mismas normas salariales y laborales que los trabajadores locales, una obligatoriedad a la que se opone, entre otros, el gobierno español con el apoyo de algunas organizaciones de transporte internacional.
Con esta medida se pretendería evitar la competencia desleal que ejercen aquellas empresas con base en países de la Europa del Este, donde las normativas sociales y laborales son menos estrictas que en Europa Occidental, una situación de ventaja que ha provocado el auge de la deslocalización y de las llamadas “empresas buzón”.
Por otro lado, Francia es uno de los países, junto con Alemania e Italia, que más ha impulsado la creación de la Alianza por la Carretera, una iniciativa en la que no participa España y que entre otros objetivos pretende poner freno a la competencia irregular en el transporte de mercancías por carretera.
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