El Gobierno se lanza a por las empresas buzón y a por los falsos autónomos

Los compromisos con el Comité Nacional alcanzan también a las ayudas por abandono de actividad, que se mantendrán en los presupuestos de 2019, y a la erradicación del fraude en las actividades de la llamada “economía colaborativa”. Falsos autónomos y empresas buzón, los principales objetivos.

El Gobierno se lanza a por las empresas buzón y los falsos autónomos

La decisión de poner freno a la actividad de las “empresas buzón” parece clara por parte de las autoridades españolas, que a través de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude se han comprometido a actuar con dureza contra todas las empresas deslocalizadas que de forma permanente se encuentran operando en nuestro país. En esta estrategia interministerial también aportarán su colaboración otros organismos públicos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Transporte.

Por otro lado, los compromisos con el Comité Nacional (CNTC) también contemplan controles sobre determinadas cooperativas de transporte con el objetivo de detectar a aquellos socios que respondan a la calificación de “falsos autónomos”. Además de ser sancionadas en función de las irregularidades cometidas, aquellas cooperativas que hayan incurrido en este tipo de hechos estarán obligadas a regularizar a dichos trabajadores con carácter retroactivo durante los últimos cuatro años.

Esta figura del “falso autónomo” también se encuentra muy extendida en muchas de las plataformas online dedicadas a la distribución y entrega a domicilio de todo tipo de bienes y productos de consumo, una actividad de negocio que para el Comité Nacional ha crecido sin control al calor del auge del comercio electrónico, de forma similar a como ha sucedido con la llamada “economía colaborativa”.

Sobre ambos problemas tiene previsto actuar el Plan Director de la Inspección de Trabajo que estará en vigor durante el periodo 2018-2020 y que contempla distintas medidas de lucha contra el fraude, la precariedad laboral, la erradicación de las situaciones de abuso y en favor de la calidad en las condiciones de empleo.

Finalmente, el CNTC también ha negociado con el ministerio de Fomento que los Presupuestos Generales del Estado del próximo año mantengan una partida de 9,1 millones de euros que estará dedicada a ayudas al abandono de actividad (jubilaciones anticipadas), una cantidad económica que sería idéntica a la repartida este año y que corría el riesgo de desaparecer una vez que entrara en vigor el nuevo ROTT, una circunstancia que previsiblemente no sucederá antes de que Fomento abra el plazo de solicitud de ayudas para los transportistas próximos a cumplir 65 años.

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