El Gobierno sancionará la morosidad en el transporte por carretera

Esta iniciativa, que es fruto de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional y que sirvieron para desconvocar el paro sectorial de finales de julio, coincide en el tiempo con una Proposición de Ley promovida por el Grupo Plural en apoyo de la tramitación de un régimen sancionador contra la morosidad con carácter general para todas las actividades industriales y comerciales. 

El Gobierno sancionará la morosidad en el transporte por carretera

Como iniciativa para frenar el aumento de la morosidad en los pagos, un problema que en los últimos meses se mantiene situado en una media superior a los ochenta días, en su último Consejo de MInistros el Gobierno ha decidido iniciar la elaboración de un nuevo régimen sancionador específico para el sector de transporte de mercancías. 

Por otro lado, esta iniciativa legislativa coincide en el tiempo con la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Plural y que curiosamente pretende la puesta en marcha de un régimen sancionador que funcione en nuestro país con carácter general para el total de actividades industriales y comerciales.  

Esta medida parlamentaria es fruto de los acuerdos alcanzados durante el pasado mes de junio en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados tras la finalización del estado de alarma. El objetivo de esta Comisión Parlamentaria es promover todo tipo de medidas que nos permitan superar la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19. 

En concreto la iniciativa gubernamental que afecta al transporte por carretera se produce como consecuencia de los acuerdos suscritos entre Ministerio de Transportes y Comité Nacional y que sirvieron en su momento para desconvocar el paro sectorial convocado a finales del mes de julio por las asociaciones de transportistas que forman parte del CNTC.  

En estos momentos de incertidumbre económica son muchas las empresas y administraciones que superan de forma habitual los plazos de pago establecidos por ley de 60 y 30 días, respectivamente, provocando con ello importantes problemas de liquidez y supervivencia para un gran número de autónomos y pymes. 

Los dos regímenes sancionadores, el particular que se elaborará específicamente para el transporte y el que se tramitará desde el Parlamento con carácter general, deberán ser aprobados en su momento por el Congreso de los Diputados y por su parte el Comité Nacional ya ha advertido que no admitirá que el segundo pueda convertirse en un obstáculo para la tramitación del que afecta al sector. 

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