El Supremo avala que manipular los tacógrafos sea delito penal

El Supremo avala que manipular los tacógrafos sea delito penal

A partir de ahora, siempre que se demuestre que hubo intención de engañar a los servicios de inspección y a las autoridades de Tráfico, la manipulación de los tacógrafos tendrá la consideración de delito penal por falsedad en documento público, algo que podrá castigarse con penas de prisión de entre seis meses y tres años.

Recientemente, una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha avalado la doctrina puesta en marcha por la Fiscalía de Seguridad Vial, que de esta forma ha conseguido el objetivo de que las manipulaciones fraudulentas de los tacógrafos puedan tener a partir de ahora la consideración de delitos penales.

Esto significa que además de la correspondiente sanción económica por vía administrativa, este tipo de actuaciones también podrán ser tramitadas por la vía penal y en su caso castigadas con penas de cárcel de entre seis meses y tres años, por supuesto siempre que se pueda demostrar que la manipulación se realizó con la intención de engañar a los servicios de inspección y a las autoridades de Tráfico.

El Tribunal Supremo entiende con su decisión, que la acción de manipular un tacógrafo se extiende a la colocación de imanes, la duplicación de sensores de movimiento, el “hackeo” del software instalado por el fabricante o el uso de discos diagramas o tarjetas de conductor falsificadas o donde figuren el nombre de otra persona o empresa.

En su dictamen el TS sostiene, que este tipo de acciones vienen a representar un delito de falsedad en documento oficial con la finalidad de sortear los controles policiales y administrativos relativos al cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, velocidad e identidad del conductor.

El Tribunal Supremo establece en su sentencia que la investigación de este tipo de delitos no se limitará tan sólo a los conductores, sino que también se extenderá a los responsables de las empresas propietarias de los vehículos y a los talleres que hayan llevado a cabo dichas manipulaciones de los tacógrafos.

Por otro lado, las organizaciones profesionales que forman parte del Comité Nacional del Transporte (CNTC) se han mostrado de acuerdo con este tipo de medidas legales que sirven para preservar la libre e igualitaria competencia, aunque este organismo también exige que las empresas y personas afectadas gocen en todo momento de las suficientes garantías jurídicas para su defensa efectiva, ya que las penas previstas para este tipo de delitos pueden suponer la inhabilitación de los gestores de transporte y en la práctica la desaparición de las empresas implicadas.

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