Municipios de más de 50.000 habitantes tendrán zona de bajas emisiones

Dentro de tres meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará al congreso el Proyecto de Ley de Cambio Climático. Entre otras medidas a tomar esta normativa contempla que los 148 municipios españoles con más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones al estilo de Madrid Central. Esta misma ley también procederá a revisar al alza la fiscalidad del diésel y a potenciar los impuestos verdes.

Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán zonas de bajas emisiones

En España existen un total de 8.131 municipios, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y de ellos tan solo 148 tienen más de 50.000 habitantes, siendo el más grande Madrid con 3,2 millones de vecinos y el más pequeño Granadilla de Abona (Tenerife) con 50.146 habitantes.

Ahora, ysegún ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,el gobierno pretende sacar adelante una normativa que obligue a que los municipios con más de 50.000 habitantes pongan en funcionamiento sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones basándose, entre otras iniciativas, en la propuesta de Madrid Central.

Se tratara de un Proyecto de Ley que se presentará dentro de cien días en el Congreso de los Diputados, aunque la intención de crear una zona libre de emisiones en este tipo de municipios ya estuvo planteada durante la anterior legislatura encabezada por Pedro Sánchez, aunque la provisionalidad del gobierno durante ese periodo hizo imposible su puesta en marcha.

A su vez, en el anteproyecto de ley también está incluida la necesidad de aprobar medidas por parte de los consistorios que faciliten el transporte, ya sea a pie, en bicicleta, mediante la electrificación del transporte público o favoreciendo el uso de automóviles eléctricos y sus infraestructuras de recarga.

España en el punto de mira

A nadie se le oculta que en lo relativo a la implantación de zonas de bajas emisiones, España se encuentra en estos momentos a la cola de Europa. Las aplicaciones tardías de los planes anticontaminación en Madrid y Barcelona han llevado a Bruselas a abrir un procedimiento sancionador contra nuestro país, que viene motivado por haber superado los niveles de emisiones contaminantes y no haber aplicado medidas correctoras.

Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán zonas de bajas emisiones

Para evitar sanciones mayores el gabinete popular en Madrid ha tenido que aplicar nuevas prohibiciones con respecto al plan de Madrid Central, mientras que la Ciudad Condal ha tenido que convertir en permanentes sus protocolos anticontaminación temporales.

Ahora le ha llegado el turno al ejecutivo central de Pedro Sánchez, que a nivel nacional tiene que actuar rápidamente y con contundencia para intentar evitar que lleguen más sanciones por este motivo desde Europa.

Para ello una de las primeras decisiones del Consejo de Ministros ha sido declarar la Emergencia Climática en España y revisar el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, una norma que todavía tiene que superar su última revisión antes de presentarse para su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Manos a la obra

De momento, la ministra Teresa Ribera ha anunciado un paquete de treinta medidas urgentes que estánrelacionadas con la situación de Emergencia Climática. Entre ellas hay cinco que previsiblemente se pondrán en marcha antes de que concluyan los primeros cien días de Gobierno.

Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán zonas de bajas emisiones

Entre otras iniciativas dentro de este plazo de tiempo se pretende remitir a las Cortes el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética; definir la senda de descarbonización que seguirá nuestro país hasta 2050; elaborar un segundo Plan de Adaptación al Cambio Climático; crear una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y, por último, impulsar los Convenios de Transición Justa ligados al cambio del modelo industrial.

Por su parte, además de obligar a crear zonas de bajas emisiones en todos los municipios con más de 50.000 habitantes, la nueva ley también pretende revisar la fiscalidad del diésel y potenciar los impuestos verdes.

En lo relativo a los combustibles fósiles, especialmente el gasóleo, existen importantes variaciones con respecto al texto presentado en la anterior legislatura. Pese a que Teresa Ribera era partidaria de prohibir la venta de vehículos con motorización diésel o gasolina en 2040, finalmente nuestro país tiene previsto alinearse con los objetivos marcados por la Unión Europea, de forma que la fecha límite se retrasará a 2050. Finalmente, en sus planes de transición energética el gobierno español mantiene la idea de incrementar los impuestos sobre el diésel, lo que permitirá que su precio en surtidor se equipare al de la gasolina.

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