Los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideran necesario que los estados compensen la pérdida de ingresos que se producirá por la aparición de los vehículos eléctricos y que lo hagan gravando el uso de infraestructuras o el acceso a las ciudades y no los carburantes.
En pleno debate sobre los peajes obligatorios para camiones, el pago por uso de infraestructuras (euroviñeta) y la necesaria transición energética por cuestiones medioambientales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una organización creada en 1961, con sede en París y a la que pertenecen treinta y seis países, España entre ellos, ha propuesto a los estados miembros la introducción de más peajes en las carreteras y la puesta en marcha de recargos anticontaminación en las zonas urbanas.
El objetivo de este tipo de medidas sería compensar la caída de ingresos que va a suponer la llegada al mercado de los vehículos eléctricos o propulsados con energías alternativas, soluciones sostenibles que sirven para aminorar las emisiones contaminantes pero que también reducen las recaudaciones que obtienen los estados por el consumo de carburantes.
A la hora de analizar esta decisión hay que tener en cuenta que en algunos países, como sucede en los casos de Italia, Dinamarca, Finlandia o Grecia, los impuestos a la energía, principalmente a los carburantes, suponen el 2% de su Producto Interior Bruto. Sin embargo, en la mayoría de los países estas cargas impositivas no han servido para reducir los efectos negativos del transporte, como las emisiones, la congestión, la contaminación, los accidentes de tráfico o el desgaste de las infraestructuras.
En este sentido los expertos de la OCDE consideran que se podrían utilizar dispositivos electrónicos para medir las distancias recorridas, lo que serviría para gravar el uso del vehículo en lugar de como sucede en la actualidad gravar el tipo de carburante.
El pago por distancia recorrida, a través de peajes o medios electrónicos, o los recargos por acceder al centro de las ciudades, como ya sucede actualmente en Londres, son herramientas más efectivas para compensar los efectos negativos del transporte. Por ello desde la OCDE piden a los diferentes países que se replanteen sus políticas en materia de impuestos, lo que les permitiría obtener un mayor nivel ingresos y conseguir atajar los problemas actuales en el ámbito de la movilidad urbana, factores todos ellos que incidirían favorablemente en los objetivos medioambientales que la Unión Europea se ha propuesto para el horizonte de 2030.
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