El Grupo Socialista lleva el “dumping social” al Congreso de los Diputados

Congreso de los diputados debatiendo sobre el dumping social

El PSOE ha presentado una Proposición No de Ley para analizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el transporte de mercancías por carretera y combatir el dumping.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a trámite una Proposición No de Ley para combatir el “dumping social” en el transporte por carretera. El objetivo de esta Proposición es que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados la situación actual del sector en relación con el respeto a los derechos de los trabajadores.

Esta iniciativa está apoyada por las organizaciones de transportistas críticas con la no presencia de nuestro país en la Alianza Europea por la Carretera, una postura adoptada por el gobierno español de forma unilateral y que a pesar de no haber sido muy bien explicada es sin embargo compartida por distintas patronales con fuerte presencia en el Comité Nacional.

La proposición del Grupo Socialista pretende que el Parlamento analice la situación en la que se encuentra el sector del transporte por carretera desde un punto de vista  laboral y social, haciendo especial hincapié en la desventaja competitiva que sufren los transportistas de los países europeos occidentales por parte de empresas deslocalizadas que, aprovechándose de sistemas que eluden o que directamente incumplen las legislaciones nacionales y europea, ejercen una competencia desleal cuyo negativo impacto está siguiendo una tendencia creciente.

Con el objetivo de encontrar soluciones a dicha situación la Proposición No de Ley de los socialistas plantea discutir, consensuar y finalmente poner en marcha las siguientes actuaciones:

Apoyar la adhesión de España a la Alianza Europea por la Carretera con el objetivo de promover posiciones comunes que permitan luchar de una forma eficaz contra el “dumping social”.

-De forma urgente exigir la transposición a la normativa española de la Directiva Comunitaria que regula el desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras, una cuestión por la que España ya ha sufrido varios “avisos” de incumplimiento por parte de la Comisión Europea.

-Y por último reforzar el alcance del Plan de Inspección en el Transporte por Carretera en todo lo referente al mayor control de los transportes realizados por aquellas empresas transportistas no residentes en España, tanto en lo referido a los tráficos de ámbito internacional como a los tráficos interiores realizados al amparo de las correspondientes autorizaciones de cabotaje.

 


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