Como está sucediendo en otros países el gobierno español se está preparando ante la posibilidad de un “Brexit duro”. Un reciente Real Decreto prevé el tratamiento que se daría en España a los transportistas británicos a partir del 30 de marzo, siempre y cuando las autoridades británicas apliquen en reciprocidad el mismo trato a los transportistas españoles.
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó una serie de medidas de carácter temporal, que vienen a complementar las previstas por la Unión Europea de cara al Brexit que teóricamente deberá tener lugar a finales de este mes y siempre que el desenganche británico se produzca de forma no negociada.
Estas iniciativas, recogidas en un Real Decreto, tienen como objetivo facilitar el tránsito hacia la nueva situación que provocará el hecho de que el Reino Unido abandone la UE y se convierta en un tercer estado y en todo caso no entrarán en vigor si a nivel bilateral y europeo se adoptaran otros instrumentos que regulen las futuras relaciones con Gran Bretaña de forma duradera, o caducarán a los dos meses si las autoridades británicas no conceden un tratamiento recíproco.
A nivel aduanero España va a comenzar a tramitar las solicitudes reguladas en el Código Aduanero de la UE que vengan desde el Reino Unido con el objetivo de evitar acumulaciones tras el Brexit, mientras que en transporte de mercancías por carretera los permisos de conducción británicos permitirán que los chóferes ingleses puedan conducir en nuestro país durante un plazo de nueve meses a partir del Brexit. Una vez finalizado ese plazo se aplicará la normativa vigente para el resto de conductores de terceros países.
Por otro lado, los transportistas británicos con la correspondiente autorización podrán circular en carga por territorio español para realizar operaciones de transporte cuyo punto de salida y punto de llegada se encuentren, respectivamente, en Reino Unido y España, o viceversa, así como circular sin carga cuando ello sea consecuencia de una operación de transporte de este tipo.
Finalmente, los transportistas británicos deberán cumplir la normativa española en relación con la jornada de trabajo y los tiempos de conducción y descanso de los conductores, la instalación y uso del tacógrafo y el limitador de velocidad, la formación de conductores, los pesos y dimensiones máximos, el uso obligatorio de cinturones de seguridad y el desplazamiento de trabajadores de conformidad con los instrumentos bilaterales o multilaterales, o normas de derecho europeo, que se suscriban o aprueben sobre la materia.
Este “status quo” funcionará hasta finales de 2019 siempre y cuando las autoridades británicas competentes den un tratamiento recíproco a las empresas transportistas españolas.
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