Las sanciones por morosidad en el transporte, a debate en el Parlamento

El Gobierno ha trasladado al Parlamento el proyecto de Baremo Sancionador con el que el Gobierno pretende evitar la morosidad en el transporte por carretera, una de las promesas que sirvieron para desconvocar el paro de julio de 2020. Este baremo contempla sanciones entre 1.000 y 6.000 euros dependiendo de las cantidades adeudadas, en un sector donde al menos el 65% de los clientes realiza sus pagos por encima de los 60 días.

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El último Consejo de Ministros aprobó la propuesta de Baremo de Sanciones con el que se pretende poner fin a la morosidad en el transporte por carretera, una medida que deberá ser tramitada, debatida y aprobada por el Parlamento y que, finalmente, se incluirá en el apartado de infracciones y sanciones de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

Este baremo, que debería haber sido tramitado por el procedimiento de urgencia, forma parte de los compromisos adquiridos por el MITMA con los transportistas y que facilitaron la desconvocatoria del paro sectorial convocado en julio de 2020. Actualmente, el 65% de los clientes pagan los servicios de transporte que contratan por encima de los 60 días legalmente establecidos, lo que provoca que el plazo medio de pago esté situado en 82 días.

El proyecto de Baremo Sancionador que será discutido en el Congreso de los Diputados y en el Senado contempla para los morosos sanciones entre 1.000 y 6.000 euros dependiendo de la cuantía de la deuda. Para cantidades hasta 2.000 euros se establecen multas que oscilarán entre 1.000 y 2.000 euros, que serán de 2.000 a 4.000 euros para deudas entre 2.000 y 4.000 euros y que, finalmente, ascenderán entre 4.000 y 6.000 euros para cantidades adeudadas superiores a los 4.000 euros.

En estos momentos la Ley contra la Morosidad, en vigor desde 2014 y que no incluye sanciones para los clientes morosos, contempla que el periodo legal de pago es de 30 días, plazo que puede ampliarse a un máximo de 60 días cuando existe acuerdo entre las partes. El verdadero problema es que en la práctica habitual, donde también se incluyen muchas Administraciones Públicas, pymes y autónomos están cobrando en plazos de 90 o más días, circunstancia que pone en riesgo su viabilidad económica. Una vez que haya sido aprobado el nuevo Baremo Sancionador serán los propios inspectores de transporte quienes tramitarán las infracciones que puedan producirse y quienes establezcan la cuantía de las sanciones que correspondan. La preocupación de las asociaciones profesionales viene dada porque el Parlamento ya estudia un baremo similar para todas las actividades económicas, incluido el transporte por carretera, y cuya aplicación recaería en las Comunidades Autónomas, circunstancia que no termina de convencer a los representantes de los transportistas.

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