El borrador de Presupuestos Generales del Estado recoge para 2021 una subida de cuatro céntimos en los impuestos que gravan el gasóleo, una medida recaudatoria y medioambiental que afectará negativamente a los 130.000 transportistas que trabajan con vehículos por debajo de 7,5 toneladas, una circunstancia que si no se modifica la normativa les impediría acceder a los beneficios del “gasóleo profesional”.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Gobierno para el próximo año 2021 incluye, entre otras cosas, una subida de al menos cuatro céntimos en el precio del gasóleo, una medida que ya se contempló en 2019 de cara a los presupuestos de 2020, pero que finalmente no se aplicó al no superar los PGE el preceptivo trámite parlamentario, lo que obligó a prorrogar por un año más las ya famosas “cuentas de Montoro”.
Como nos exige la Unión Europea el objetivo de esta subida tiene que ver, por un lado, con la necesidad de ingresar más dinero en las arcas públicas a través de incrementar la cuantía de los impuestos especiales que gravan los carburantes, una cuestión que de forma añadida también servirá para aproximar los precios del gasoil y de la gasolina, separados actualmente por una diferencia de aproximadamente diez céntimos.
Por otro lado, esta medida también entronca de forma directa con la estrategia medioambiental promovida por el Gobierno de cara al horizonte 2025-2030, cuyo objetivo es reducir emisiones de CO2 y la presencia de vehículos diésel, considerados más contaminantes que los propulsados por gasolina, a través de incrementar el precio del gasoil.
Además, esta subida se sumaría a la que ya tuvo lugar en 2018 cuando el PVP de los carburantes en surtidor se incrementó hasta 4,8 céntimos en algunas Comunidades Autónomas con el objetivo de equiparar el tramo autonómico en todos los territorios y acabar con el “efecto frontera” que se estaba produciendo hasta ese momento.
Se calcula que la subida del diésel que anuncian los PGE 2021 afectará a aproximadamente a 130.000 transportistas que operan con camiones con una MMA por debajo de las 7,5 toneladas, un tercio de la flota de vehículos de transporte, que por esta misma razón no podrán acceder a los beneficios contemplados en el llamado “gasóleo profesional”.
En su momento el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con los transportistas a que el sector no se vería afectado por las fluctuaciones en el precio de los combustibles por razones impositivas, por lo cual las organizaciones profesionales están convencidas que desde el Gobierno se estaría valorando la posibilidad de establecer criterios que permitan que el transporte por carretera quede fuera de esta subida del precio del gasoil, para lo cual el ministerio de Hacienda debería modificar la actual normativa que regula el gasóleo bonificado.
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