Denuncian la posición dominante y de abuso que en su opinión ejercen los cargadores en un sector empresarial muy atomizado. Por su parte, la CNMC se ha comprometido a realizar un estudio pormenorizado del mercado para comprobar si en realidad existen dichas prácticas abusivas.
Representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) han mantenido recientemente un encuentro con responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el transcurso del cual les han trasladado su preocupación por el efecto negativo que sobre la economía española pueden tener las prácticas de “posición de abuso y desamparo”, que las empresas que operan en el sector del transporte de mercancías por carretera de nuestro país sufren en estos momento por parte de la generalidad de sus clientes.
Por su parte, las organizaciones de transportistas que forman parte del CNTC informaron al Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC que, en su opinión, los cargadores se están aprovechando de la fragilidad de un sector muy atomizado, con un tejido empresarial conformado mayoritariamente por autónomos y pymes con un máximo de tres vehículos por empresa, para poner en marcha prácticas irregulares que suponen un riesgo para su viabilidad y supervivencia.
Durante este encuentro los responsables de la CNMC hicieron hincapié en que, aunque su objetivo es promover la competencia en los mercados con el objetivo de que se beneficien de ella los ciudadanos, este organismo también se declara absolutamente contrario a determinadas subastas a la baja o a la existencia de plazos de pago superiores a los establecidos en la Ley de Morosidad, en la actualidad superiores a los 83 días de media, prácticas que suelen ser habituales en el transporte de mercancías por carretera, al considerar que se trata de comportamientos abusivos y que atentan contra las normas básicas de la competencia.
En este sentido, desde la CNMC se han comprometido a realizar un estudio pormenorizado del mercado español de transportes que permita conocer si realmente existe una posición dominante de los cargadores. Similar a la que sufrió el sector agrícola hace unos años, y que justificara la puesta en marcha de medidas de protección extraordinarias parecidas a las que se tomaron entonces. Tales como el fomento de los contratos escritos, la regulación de las subastas electrónicas no transparentes y de las modificaciones unilaterales de los contratos, la prohibición de la venta a pérdidas, etc.
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