Fomento amenaza con tomar una decisión unilateral de obligado cumplimiento en el tema de las 44 toneladas, mientras que los transportistas acusan a los cargadores de no hacer nada porque se cumpla la actual normativa. La batalla entorno al nuevo ROTT está servida.
La última edición del Foro AECOC celebrada la pasada semana ha dejado claro el abismo que separa a cargadores y transportistas en muchos temas, principalmente en todo lo relacionado con las 44 toneladas, una cuestión donde el ministerio de Fomento ya ha amenazado con ejercer de “árbitro” si finalmente no existe un acuerdo consensuado.
El departamento que dirige Iñigo de la Serna ya ha demostrado que es favorable a incrementar en cuatro toneladas la actual MMA de los conjuntos articulados, una decisión que de entrada favorecería a los cargadores reduciendo sus costes logísticos y que probablemente perjudicaría doblemente a los transportistas, por un lado aumentando en un 10% el volumen de toneladas en un mercado con un claro desequilibrio entre oferta y demanda y, por otro, sin cerrar ningún compromiso de que los mayores costes se traducirán en mejores precios.
Lo único que puede evitar que las 44 toneladas entren en vigor en el corto plazo es que Fomento se encuentra embarrancado en el tema del nuevo ROTT, puesto que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia obliga a una revisión casi total del borrador que ya se había elaborado, de forma que es muy posible que su entrada en vigor se retrase del próximo mes de julio como estaba anunciado a comienzos de 2019.
Lo que se parece claro es que la decisión del Alto Tribunal también podría afectar de forma colateral a las ayudas por abandono de actividad que anualmente otorga Fomento con el fin de reducir el número de autónomos y pequeñas empresas, problemas suficientes para que Fomento decida “empantanarse” todavía más con una “mediación” en el tema de las 44 toneladas.
Entre cargadores y transportistas hay más que palabras en los últimos tiempos, con las asociaciones profesionales acusando a los cargadores de no hacer nada por evitar las proliferación de las malas prácticas, la morosidad en los pagos y el incumplimiento sostenido de la normativa de carga y descarga y, por el contrario, exigiendo a los transportistas servicios profesionales y de calidad que son pagados con la puesta en marcha de “tenders” con precios a la baja.
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