Francia deroga la tasa de 40 euros para los transportistas desplazados

La tasa de la Ley Macron fue recurrida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España por ser incompatible con la normativa europea. El Ministerio de Empleo francés tenía intención de cobrar los 40 euros desde el pasado enero. Algo que afectaría a más de 20.000 camioneros españoles.

carreteras de Francia por la que los camioneros desplazados pagaban tasa para trabajar

La regulación francesa sobre desplazamiento de trabajadores al país galo, comúnmente conocida como Ley Macron, lleva aplicándose desde el 2016. Según esta ley todas las empresas transportistas que se desplazasen a Francia durante un transporte internacional o cabotaje estaban obligadas a que los camioneros llevasen consigo la documentación que demostrase que cobraban, como mínimo, el equivalente al salario mínimo que se cobra en Francia. Lo que se debía justificarse con la expedición de una declaración de desplazamiento. Documento cuya tramitación se lleva a cabo online y en la que se incluyen dichos datos, así como una copia del contrato de trabajo.

Aprovechando esta legislación y en virtud de estos trámites, el pasado mes de mayo de 2017 el Ministerio de Empleo de Francia aprobaba establecer una tasa que ascendía a 40 euros. Pago que debía hacerse por cada trabajador desplazado. El argumento del Gobierno galo para justificar esta medida era que debían compensar la puesta en funcionamiento del sistema informático de control de los trabajadores desplazados, realizado ex profeso para este fin.

La pretensión, que se dio de bruces con la mayoría del sector transportista español, fue denunciada por FENADISMER ante la Comisión Europea por considerarla abusiva. Además, argumentando que la instauración de esta tasa era una vulneración manifiesta de la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores desplazados, además de ir en contra de los principios fundamentales de la Unión al poner trabas a la libre circulación de personas y mercancías dentro de los países que la componen.

Y por el momento parece que las protestas han surtido efecto ya que el propio Gobierno francés dictaminaba el pasado 9 de Febrero su derogación mediante el Decreto 2018-82, al considerar que su imposición “no está justificada” y se considera “una medida proteccionista” incompatible con la legislación europea.

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