El robo de mascotas será delito penal en Reino Unido

El Gobierno británico anuncia que convertirá en delito penal el robo de animales de compañía con el fin de potenciar las medidas que frenen esta práctica delictivas.

La ley actual que consta en Reino Unido considera que el robo de una mascota debe considerarse como la pérdida de la propiedad del propietario. Una normativa que los ministros pretenden modificar con el objetivo de considerar este acto delictivo como delito penal para otorgar mayor protección tanto a los animales de compañía como a sus responsables humanos.

La introducción de un nuevo delito penal para el secuestro de mascotas serviría para tomar medidas energéticas de cara al robo de las mismas, tras el aumento reportado de este tipo de sustracciones durante la pandemia. La nueva normativa consideraría a las mascotas por encima de una propiedad con el fin de reconocer su bienestar.

Este nuevo delito es una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Robo de Mascotas del Gobierno de Reino Unido creado en mayo de 2021. Compuesto por miembros del Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, junto con diversos cuerpos de seguridad del país, organizaciones de bienestar animal y expertos de la industria de animales, el grupo ha considerado la evidencia disponible de todos ellos para ayudar a informar de las recomendaciones.

La recopilación de datos permitió comprobar que «7 de cada 10 de los robos de animales registrados por la policía involucran a perros«. Además, los informes sugieren que «alrededor de 2.000 delitos de robo de perros fueron denunciados a la policía en 2020«.

Por otra parte, se añadió que «el precio de algunas razas aumentó un 89 % durante el confinamiento, ya que las personas pasaban más tiempo en casa, lo que podría hacer que el robo de perros sea más atractivo para los delincuentes que buscan beneficiarse del aumento del interés público en tener una mascota».

De ahí que los expertos recomienden la creación de un nuevo delito de secuestro de mascotas con el fin de «priorizar el bienestar de los animales como seres sensibles y reconocer el malestar emocional del animal, además de su dueño«. También aconsejan potenciar la identificación y seguimiento de casos, puesto que «los datos sobre el robo de mascotas son limitados y un mejor registro y recopilación de datos sobre estos delitos creará una base de pruebas más sólida sobre el problema«.

Otro de los aspectos a destacar es que «la policía trabajará junto con expertos asociados para crear conciencia sobre las iniciativas policiales y las medidas de prevención, lo que facilitará la represión de los delincuentes«.

Además, las bases de datos de microchips para mascotas también serán más accesibles, ya que como indica la solicitud, «actualmente hay 16 bases de datos de microchips en Reino Unido, sin embargo, pueden ser difíciles de manejar para los dueños de mascotas y las fuerzas del orden, lo que dificulta el rastreo de perros robados«.

La propuesta señala por tanto que «un único punto de acceso a todas las bases de datos simplificará y agilizará el sistema y también se introducirán reglas más sólidas en todas las bases de datos de microchips de mascotas para registrar la transferencia de perros a los nuevos propietarios para garantizar una trazabilidad completa». Y, en general, «harán que sea mucho más difícil para los ladrones robar y vender mascotas, facilitará que la policía los atrape y garantizará que el impacto en el animal se refleje en las sentencias o sanciones impuestas a los infractores«.

Las nuevas medidas permitirán al gobierno británico obtener más datos sobre delitos de robos de mascotas, creando de esta forma conciencia social sobre la actividad policial para combatir el problema y facilitar a los propietarios las acciones que pueden tomar para mantener a salvo a sus animales de compañía.

Misma solicitud en España

En España, y conscientes del mismo problema, la Real Sociedad Canina (RSCE) solicitó al Gobierno un endurecimiento de las penas por robo de los animales de compañía y que se considerara delito penal.

La organización justifica su petición asegurando que en territorio español se están reportando casos de robos de perros, «no sólo galgos o algunas razas adecuadas para el uso como sparrings de perros de pelea, sino también razas populares entre los ciudadanos, que se han convertido en un valioso botín. Algo que está dando muchos problemas a los criadores y propietarios de estas razas».

Se espera que, ante la próxima elaboración del texto de la Ley de Bienestar Animal, el Gobierno considere el robo de mascotas como delito penal y a la vez impulse la campaña de identificación universal, para así introducir sanciones para quienes no identifiquen a sus perros.

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Jesús Rengel Ortiz

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