Esta medida política es resultado del enorme alcance social y mediático de la campaña iniciada y promovida en Reino Unido por los defensores de los derechos de los animales.
A pesar de que las negociaciones sobre el próximo Brexit y sus implicaciones en las economías del Reino Unido y de la Unión Europea son las únicas noticias que nos llegan desde el otro lado del Canal de La Mancha, lo cierto es que el gobierno británico sigue tomando decisiones de todo tipo.
Una de gran alcance para el futuro del bienestar de las mascotas es que próximamente se prohibirá en Gran Bretaña la venta indiscriminada de perros y de gatos de menos de seis meses. El objetivo de esta medida, que será adoptada por el Ministerio de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, es evitar la explotación y maltrato de mascotas.
Esto no quiere decir que el gobierno inglés sea especialmente sensible a la hora de defender los derechos de los animales, porque esta decisión gubernamental se ha producido después del eco e impacto social, mediático y político logrado a través de una amplia campaña iniciada y promovida por entidades y organizaciones en defensa del bienestar animal.
Al hilo de este movimiento en favor de los derechos de los animales y contra el maltrato y la explotación de mascotas el gobierno realizó una consulta con el fin de comprobar el respaldo social que obtendría una medida de esta tipo, comprobando que la mayor parte de los ingleses se muestran favorables a una decisión de este tipo y a entre otras cosas poner fin a los criaderos y granjas ilegales donde las mascotas sobreviven en unas condiciones que no son en ningún caso las adecuadas.
La medida supondrá que cualquier persona que quiera comprar un perro o un gato de menos de seis meses tendrá que hacerlo directamente a través de un criador autorizado, con lo que se evitará la venta por parte de intermediarios, en general considerados responsables de sacar a las mascotas de sus madres al poco tiempo de nacer y de someterlas a largos viajes hasta llegar al lugar de venta, una situación que en opinión de los defensores de los animales incrementa los riesgos de enfermedades entre los cachorros.
En el enunciado inicial de la llamada “Ley de Lucy” el gobierno británico reconoce la destacada labor llevada a cabo por los defensores de los animales, al tiempo que apoya la necesidad de que la compra de mascotas se realice de una forma responsable y siempre teniendo en cuenta que se trata de animales y no de simples juguetes.
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