Las empresas buzón españolas facturan el 90% en transporte nacional

Los Servicios de Inspección han detectado flotas españolas que son protagonistas del “dumping social” que asola Europa mediante empresas «buzón», consiguiendo entre el 75 y el 90% de sus ingresos en transporte nacional, mientras que la Comisión Europea y las asociaciones de transportistas exigen la aplicación de la normativa de trabajadores desplazados.

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Los Servicios de Inspección del Ministerio de Fomento están comprobando que las empresas españolas deslocalizadas fundamentalmente en países del Este, las popularmente conocidas como “empresas buzón”, consiguen con sus tráficos en transporte nacional entre el 75 y el 90% de su facturación global, lo que prueba que las flotas con sede en España y filiales en países de conveniencia tienen un papel protagonista a la hora de analizar el impacto y consecuencias del “dumping social” en Europa.

Estos porcentajes detectados por los Servicios de Inspección son realmente preocupantes y vienen a corroborar el interés que tiene la Comisión Europea por limitar este tipo de comportamientos que atentan contra la libre competencia, de ahí que en su Paquete de Movilidad se incluya, entre otras exigencias, que las “empresas buzón” estén obligadas a desarrollar y certificar un mínimo de actividad en los terceros países donde se instalan.

Para cumplir con la normativa comunitaria de trabajadores desplazados, que en estos momentos se encuentra en tramitación en el Parlamento como paso previo a su incorporación a la legislación española, las empresas «buzón» deberían informar a las autoridades españolas de los desplazamientos de sus chóferes, una circunstancia que no está probado que esté sucediendo con carácter general y que podría ser motivo de sanción

Por otro lado y mientras la normativa de trabajadores desplazados no entre en vigor, lo normal es que se esté permitiendo en nuestro país un plazo de ocho días para tener en consideración el desplazamiento del trabajador, margen durante el cual las “empresas buzón” no están obligadas a cumplir con la legislación laboral, salarial y social vigente en nuestro país.

Por este motivo las asociaciones de transportistas solicitan que las autoridades españolas no consideren el periodo de margen de ocho días para cada viaje, sino que se proceda a acumular de forma mensual todos los días en los que el conductor ha estado operando en España, una medida que de ponerse en marcha  reduciría en gran medida las posibilidades de las “empresas buzón”.

El gobierno español ha puesto en marcha diferentes mecanismos para que los transportistas puedan denunciar las actividades de las “empresas buzón”, de forma que puedan realizarse las oportunas inspecciones tributarias y laborales para comprobar que cumplen con la legislación vigente.

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