Esta medida entró en vigor a comienzo de marzo pero desde entonces ha estado en periodo de pruebas y su incumplimento no ha motivado sanciones. A partir de hoy y con el fin de evitar situaciones de “dumping social” las autoridades de Holanda (Países Bajos) controlarán las condiciones laborales y salariales de los conductores que realicen transporte internacional o cabotaje en territorio holandés.
Desde el pasado mes de marzo el gobierno de Holanda ha venido exigiendo, a través de la norma WagEU, la realización con carácter previo de la correspondiente Declaración de Desplazamiento de Trabajadores, un requisito cuyo incumplimiento durante estos últimos meses no ha sido sancionado, aunque se trata de una circunstancia que cambia a partir de hoy mismo (1 de septiembre).
Los transportistas autónomos y las empresas de transporte españolas y de la Unión Europea están por lo tanto obligadas a realizar la Declaración de Desplazamiento para todos aquellos conductores profesionales que realicen tráficos internacionales o servicios de cabotaje en territorio holandés, de forma similar a como ya viene sucediendo en Alemania, Francia e Italia, quedando únicamente exentos de este procedimiento los transportes en tránsito por Holanda o Países Bajos.
De forma previa a la realización de la Declaración de Desplazamiento las empresas tienen que registrarse en un portal web donde deben acreditar que cumplen con todos los requisitos exigidos por el gobierno holandés en relación con las condiciones de trabajo de los chóferes y que como pago por su trabajo estos reciben al menos el salario mínimo vigente en Países Bajos, que actualmente es de 1.653,6 euros/mes. Para comprobar este requisito las autoridades holandesas exigen que se adjunten copia del formulario A1 de la Seguridad Social, nóminas, etc.
A partir de hoy la no realización con carácter previo de la Declaración de Desplazamiento o el no cumplimiento de las exigencias holandesas en relación con las condiciones laborales y salariales de los conductores, comenzará a ser objeto de sanción. El objetivo de esta medida es poner coto al “dumping social”, por lo cual todos los trabajadores desplazados a Países Bajos serán objeto de un riguroso control.
La validez de esta Declaración de Desplazamiento será de un año siempre y cuando no se modifiquen las condiciones laborales y salariales declaradas en su momento en los certificados de desplazamiento, documentos que figuran en el recientemente aprobado Paquete de Movilidad
como una de las herramientas para evitar la creciente actividad de las llamadas “empresas buzón”, que desplazan a sus chóferes con salarios inferiores a los existentes en aquellos países donde trabajan de forma habitual como desplazados.
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