La Ley de Régimen Sancionador contra la Morosidad pierde apoyos

Algunos Grupos Políticos, como el Partido Popular y el Partit Demócrata de Catalunya, son partidarios de mantener las sanciones previstas para los clientes morosos, pero reduciendo la cuantía de las mismas. El proyecto de Ley contra la Morosidad elaborado por el Gobierno propone multas de 2.000, 4.000 y 6.000 euros, en función de la cuantía de la deuda, mientras que las enmiendas de PP y PDC apuntan a sanciones de 600, 800 y 1.000 euros.

La Ley de Régimen Sancionador contra la Morosidad pierde apoyos en el Congreso

El Congreso de los Diputados ya se encuentra debatiendo el proyecto de Ley de Régimen Sancionador contra la Morosidad que ha sido elaborado por el Gobierno. Este proyecto prevé importantes multas para quienes incumplan los plazos legales de pago, pero en estos momentos Partido Popular (PP) y Partit Democrata de Catalunya (PDC) serían dos de los Grupos Políticos que han presentado enmiendas dirigidas a reducir sustancialmente la cuantía de las sanciones previstas en un principio por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Este proyecto de Ley, aprobado en Consejo de Ministros y que forma parte de los compromisos firmados entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte (CNTC) en julio de 2020, que sirvieron para detener el paro anunciado en el sector, incorpora multas disuasorias para los morosos de 2.000, 4.000 y 6.000 euros, cantidades que oscilan en función del importe de la deuda, mientras que PP y PDC pretenden que estas sanciones se reduzcan a 600, 800 y 1.000 euros, cuantías que desde el CNTC se consideran irrisorias y nada efectivas a la hora de disuadir a los morosos en el retraso de los pagos.

La necesidad de contar con una Ley que sancione la morosidad viene “coleando” desde 2014, cuando se publicó y entró en vigor la actual norma que entre otras cosas no recoge ningún tipo de sanción para los morosos y que únicamente obliga a que los pagos se realicen en los 30 días siguientes a la realización del servicio o a los 60 días siempre que exista acuerdo entre las partes.

Según datos publicados por la Fundación El Quijote para el Transporte, un importante porcentaje de clientes tiene por costumbre realizar sus pagos por encima de los 90 días, lo que provoca que durante el pasado año 2020 el plazo medio de pago se situara por encima de los 80 días, un periodo de tiempo que con ligeros altibajos continúa manteniéndose en los meses transcurridos de 2021 y que pone en riesgo la supervivencia y  la viabilidad económica de muchas empresas y autónomos, incapaces de soportar la descapitalización y falta de liquidez que les provocan unos periodos de cobro que incumplen con la ley.

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