Después de dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el cobro de peajes a camiones en algunos tramos de la N-1 y de la A-15, la Diputación Foral de Guipúzcoa prepara una tercera norma que sirva para “legalizar” estos peajes. Entre los planes previstos está elevar a treinta y cuatro el número de pórticos de control, hacer extensivos los peajes a todos los camiones que circulen por la N-1 y la A-15 y triplicar el coste para los transportistas.
Cuando se trata de cobrar peajes a los camiones la Diputación Foral de Guipúzcoa no conoce la palabra desaliento. Después de los dos varapalos judiciales llegados desde el Tribunal Supremo contra el cobro a camiones en algunos tramos de la N-1 y de la autovía A-15, la Diputación Foral de Guipúzcoa se encuentra preparando una tercera normativa al respecto.
El objetivo es elaborar un texto que pueda “esquivar” una nueva declaración de nulidad por parte del Alto Tribunal, que en las anteriores ocasiones ya destacó en sus respectivas sentencias el carácter discriminatorio que en su opinión tienen los peajes.
A la tercera (veremos si definitiva) la Diputación Foral pretende que los peajes afecten a la totalidad de tramos de la N-1 y A-15 a su paso por Guipúzcoa, y no tan sólo a algunos como ha sucedido hasta ahora, de forma que la futura aplicación de esta medida tendrá un impacto negativo para todos los transportistas, ya sean de largo, medio o corto recorrido.
Como es lógico una tercera regulación de los peajes provocará la necesaria instalación de más pórticos de control en territorio guipuzcoano, cuyo número pasará de los cuatro actuales a aproximadamente treinta y cuatro. Esta inversión extra supondrá triplicar el importe actual de los peajes.
Los planes iniciales de la Diputación Foral de Guipúzcoa apuntan a que el coste por kilómetro pueda incrementarse de los actuales 0,19 euros/km a 0,28 euros/km. De producirse este aumento en la tarifa supondrá que un transportista que ahora paga unos 5,94 euros por un recorrido pasará a pagar 14,80 euros.
Por otro lado, el Magistrado Titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha admitido a trámite la querella que ha sido interpuesta por la asociación de transportistas Fenadismer contra la Diputada Foral, Aintzane Olarbide y la empresa pública Bidegi, que es la encargada del cobro de los peajes en la N-1 y la A-15.
Fenadismer basa su acusación en el delito de “desobediencia grave”, dado que en ningún caso Bidegi decidió paralizar el cobro de los peajes a camiones a pesar de la existencia de dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo con carácter anulatorio.
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