La aplicación al transporte de mercancías por carretera de los principios de la Ley de Cadena Alimentaria se producirá el próximo 2 de agosto mediante la fórmula legal de Real Decreto Ley y con su entrada en vigor quedará prohibido que los transportistas puedan trabajar por debajo de costes. Además, se pondrán límites a la subcontratación y se obligará a que todos los contratos de servicios de transporte se realicen por escrito.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que la aplicación al transporte de mercancías por carretera de los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria, que asegurará una rentabilidad adecuada para los transportistas y una utilización justa de la subcontratación en este tipo de servicios, se va a realizar de forma urgente a través de la figura del Real Decreto Ley.
Esta fórmula legal evita la compleja tramitación parlamentaria y con ello va a permitir su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes 2 de agosto. Apuntar que durante los paros del mes de marzo el Gobierno se comprometió con el Comité Nacional (CNTC) a que esta medida entraría en vigor a finales de este mes de julio, una cuestión que ha adquirido carácter de urgencia en las últimas semanas a la vista del alza continuada del precio de los combustibles y del encarecimiento generalizado del resto de costes que soportan los transportistas.
Desde el ministerio de Transportes se ha adelantado que este nuevo texto legal recogerá disposiciones que servirán para asegurar que el precio de los transportes sea igual o superior a los costes, al tiempo que se incluirá la obligatoriedad de que los contratos se realicen por escrito y se establecerán límites a la subcontratación con el fin de evitar que se produzcan efectos negativos sobre los transportistas que finalmente realizan los servicios.
Por otra parte, Raquel Sánchez también ha confirmado que las bonificaciones al combustible se mantendrán al menos hasta finales de año, al tiempo que está previsto aprobar un crédito de 450 millones de euros para financiar una nueva ronda de ayudas directas, una medida extraordinaria que hasta finales de junio había sumado 140.000 solicitudes.
En opinión de su titular las previsiones del ministerio de Transportes es que se mantengan las cuantías de las anteriores ayudas, que para autónomos y flotas fueron de 1.250 euros por cada camión pesado y de 500 euros por cada camión ligero y furgoneta.
En este sentido la novedad es que en esta segunda ronda de ayudas las flotas de autobuses urbanos también podrán beneficiarse de las mismas, pudiendo solicitar las empresas cuantías de 950 euros por vehículo.
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