El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Real-Decreto ley que establece que los cargadores no podrán contratar por debajo de costes, un comportamiento que podrá ser sancionado con multas de hasta 4.000 euros. Para el cálculo de dichos costes se tendrán en cuenta los datos de los Observatorios que periódicamente elabora el Ministerio de Transportes. Esta nueva norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

El Consejo de Ministros celebrado ayer lunes aprobó el Real-Decreto ley de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte y que para el sector de mercancías por carretera contempla, entre otras cosas, sanciones de hasta 4.000 euros para las empresas cargadoras que contraten por debajo de costes.

Esta nueva norma, que se aprueba en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania, entrará en vigor en los próximos días en el mismo momento en que se produzca su publicación en el BOE y viene acompañada de un total de 450 millones de euros en ayudas directas al transporte terrestre.

Por otro lado, el Gobierno ha fijado que los costes que se tendrán en cuenta a la hora de realizar los contratos de transporte, que obligatoriamente deberán formalizarse por escrito, son los contemplados en los correspondientes Observatorios de Costes que periódicamente elabora el MITMA para el sector de transporte de mercancías por carretera.

Al mismo tiempo se establece que en la contratación de servicios de transporte se tendrá en cuenta el Código de Buenas Prácticas Mercantiles que debe elaborar el MITMA de acuerdo con el sector y que en su momento fijará unos niveles máximos en las posibilidades de subcontratación y los compromisos a los que estarán sujetos los intermediarios que intervengan en las operaciones.

Además, el Gobierno se compromete a que en el plazo de seis meses presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley con el objetivo de revisar desde un punto de vista jurídico y legal la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.

Finalmente, se amplían hasta finales de diciembre 2022 las ayudas directas al sector del transporte terrestre que finalizaron en el mes de junio y lo hacen con una cuantía total de 450 millones de euros, que para empresas y autónomos supondrá la posibilidad de recibir 1.250 euros por cada uno de los camiones pesados que haya en sus flotas; 500 euros por cada vehículo ligero (camiones y furgonetas) y 950 euros en el caso de los autobuses urbanos (este sector es novedad con respecto a las anteriores ayudas) e interurbanos.