Una investigación llevada a cabo por el Seprona ha desenmascarado la estafa realizada por un empresario del mundo equino jerezano. El investigado fue declarado “depositario judicial” de un lote de 38 caballos intervenidos en una operación antidroga, con el compromiso de asegurar su alimentación y cuidados veterinarios hasta su posterior subasta. Lo cierto es que se incumplieron los compromisos y los caballos acabaron siendo subastados en mal estado. 

En nuestro país la figura del pícaro y del buscavidas cuenta con un gran arraigo popular. En esta ocasión este modo un tanto irregular de buscarse la vida ha llegado al mundo del caballo de la mano de un empresario jerezano, que está siendo investigado por la Guardia Civil por protagonizar una presunta estafa en la venta de un lote de caballos PRE y angloárabes. 

Estos ejemplares procedían de una yeguada con 38 ejemplares que durante el transcurso de una operación antidroga le había sido intervenida a un narcotraficante detenido por la Guardia Civil. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo llegaron los caballos PRE hasta el empresario hoy investigado? 

Nombrado “depositario judicial” 

En concreto fue el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional el que decidió que fuera el citado empresario el “depositario judicial” de dichos caballos, con el compromiso por su parte de alimentarlos y proporcionarles los cuidados veterinarios correspondientes. Los gastos derivados del mantenimiento de los caballos le serían ingresados tras la subasta de los animales. 

Por su parte, el empresario investigado encabeza una sociedad empresarial cuya actividad principal es la realización de actividades ecuestres, y previamente a esta investigación ya tenía causas pendientes derivadas de la incorrecta gestión de una escuela municipal de equitación por la que el Ayuntamiento de Jerez le reclama una deuda de 180.000 euros. 

El objetivo del “mandato judicial” era que los caballos se mantuvieran en buen estado de salud con el fin de que en la posterior subasta pudiera obtenerse la mayor cuantía posible por los mismos. Con este motivo se le asignaron al “investigado” todos los ejemplares previamente requisados en la yeguada ubicada en Castellar de la Frontera (Cádiz). 

Una subasta con muchas irregularidades 

La mayoría de los 38 caballos requisados eran de Pura Raza Española, aunque en el lote también se encontraba también algún ejemplar angloárabe, de los que finalmente se llegaron a subastar un total de 36 ejemplares. La razón es que uno de los caballos murió bajo la tutela del depositario y otro fue adjudicado al Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional.  

A la vista de las irregularidades detectadas y denunciadas tras la subasta el Seprona inició una investigación que ha servido para descubrir que los caballos fueron subastados repartidos en cuatro lotes y que las ventas se realizaron utilizando fotografías realizadas con escasa posterioridad a su requisamiento, por lo cual todos los caballos mostraban una buena presencia. 

Por el contrario, en el momento de la venta el estado de los caballos era bastante deficiente y muy lejos del que presentaban en las fotografías, descubriendo además el Seprona que a los nuevos dueños se les hacía pagar una cuantía para hacer frente a los gastos de manutención y cuidado de los animales, que se suponía que debían ser cubiertos con el montante económico obtenido en la subasta. 

Como se ha podido constatar por parte de los agentes del Seprona la delgadez que mostraban los caballos era extrema, lo que motivó reclamaciones por parte de algunos de los nuevos propietarios y que incluso uno de los adjudicatarios de un lote de catorce caballos se negase a retirar los ejemplares que había adquirido y pagado, denunciando la estafa ante la autoridad judicial. 

Por otro lado, organizaciones animalistas también se han interesado por este caso y han propuesto que los caballos que todavía se encuentran en trámites de venta pasen a su jurisdicción con el fin de asegurar que los animales tienen la alimentación y cuidados necesarios.