Las últimas medidas contra la morosidad en el transporte están dando algunos frutos positivos, pero no impiden que en este sector el 61% de los clientes sean morosos reincidentes a pesar de las sanciones. Por otro lado, en la futura Ley de Crecimiento y Creación de Empresas el Gobierno obligará a que para contratar con el sector público las empresas contratistas certifiquen que cumplen con los plazos de pago a sus proveedores.
En uno de sus últimos informes sobre morosidad la Fundación Quijote para el Transporte registra una leve evolución positiva de los plazos máximos de pago a los transportistas, aunque al mismo tiempo y por otro lado el primer semestre se cerró con un 61% de clientes que siguen demorando sus pagos de forma reincidente, de los cuáles un 42% lo hacen por encima de los 90 días y un 16% por encima incluso de los 120 días.
En este sentido hay que recordar que concretamente en el transporte por carretera la Ley de Lucha contra la Morosidad sanciona los incumplimientos de los plazos de pago con multas de hasta 6.000 euros, una cifra que en determinadas circunstancias puede alcanzar los 30.000 euros de sanción cuando se trata de situaciones reincidentes y abusivas.
Por otro lado, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha valorado positivamente algunas de las enmiendas que se han incorporado al actual proyecto de Ley de Crecimiento y Creación de Empresas que se encuentra en trámite parlamentario y que, entre otras cosas, permitirá un mayor control sobre las empresas que incumplen de forma reiterada los plazos legales de pago.
En este camino de lucha contra la morosidad otro avance muy importante va a ser la futura modificación que se introducirá en el actual texto de la Ley de Contratación del Sector Público. Con esta actualización se pretende obligar a que las empresas que contraten con las diferentes administraciones tengan que acreditar en sus certificaciones que los plazos de pago que mantienen con los subcontratistas se ajustan a la legalidad vigente en cada momento.
Además, el Gobierno también pretende que las grandes empresas que quieran acceder a subvenciones oficiales de carácter público tengan que, previamente, acreditar y certificar que pagan en plazo a sus proveedores para ser beneficiarias de estas ayudas.
Al mismo tiempo y de forma anual estas empresas tendrán que informar detalladamente en sus respectivas web, y junto a las habituales cuentas de resultados, de los plazos de pago, del número de facturas, el importe y el porcentaje de los pagos realizados a proveedores dentro de los plazos estipulados por la ley.
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