Antes de que finalice 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes estarán obligadas a tener Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y una vez en marcha el Gobierno les brindará la potestad de cobrar peajes urbanos a los vehículos que circulen por dichas áreas. Los estudios previos establecen un coste de 4 euros/día y por el momento no está definido si se harán distinciones en función de las emisiones.

La Unión Europea ya ha avisado a nuestro país de que tenemos un problema de ingresos y de calidad del aire y que, por ambos motivos, se hace necesario establecer peajes en las carreteras interurbanas (euroviñeta) y en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las ciudades españolas.
En este sentido hay que recordar que el Gobierno ha establecido 2023 como fecha límite para que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes dispongan de ZBE en sus respectivos ámbitos territoriales, al tiempo que estos ayuntamientos tendrán potestad para poder establecer “peajes” en dichas zonas.
Los peajes que vienen
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya ha confirmado de forma reiterada que la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, una normativa que el Gobierno pretende aprobar antes de finales de este año, contemplará entre otros aspectos novedosos la posibilidad del cobro de peajes urbanos.
Como es natural por el momento ninguna ciudad ha adelantado si pondrá en marcha o no el cobro de dichos peajes, y por lo tanto se desconocen los detalles de cómo serán los mismos y de qué forma se aplicarán y a qué vehículos en concreto, pero diferentes estudios señalan que el coste de los mismos podría aproximarse a los 4 euros/día.
Desde una óptica medioambiental estos peajes urbanos, técnicamente llamados “tasas de congestión”, tienen como objetivo gravar el uso del vehículo privado en las áreas más vulnerables de las ciudades y su razón de ser es contribuir a reducir el tráfico y los niveles de contaminación.

Los ayuntamientos deciden
En sus intervenciones sobre la materia la ministra Raquel Sánchez ha hecho hincapié en que esta futura normativa de peajes en ningún caso obligará a los ayuntamientos y por lo tanto su entrada en vigor dependerá en cada caso de lo que decidan los diferentes consistorios en el marco de sus competencias.
Lo que si ha quedado claro es que tanto las zonas ZBE para poblaciones por encima de 50.000 habitantes como la posibilidad de establecer peajes, son cuestiones que figuran en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia presentado en Europa y que por lo tanto el gobierno español tiene que regular por ley.
Lo que sí es cierto es que los peajes urbanos no son una novedad en Europa, puesto que ya se encuentran en funcionamiento en Londres, Copenhage o Estocolmo. En nuestro país ha sido la patronal de la construcción, Seopan, la entidad que de forma particular ha pedido su aplicación en ciudades como Madrid o Barcelona.

Barcelona y Valencia, un ejemplo
Aunque ningún ayuntamiento ha revelado cuáles son sus intenciones con respecto a los peajes urbanos, sí sabemos que el Ayuntamiento de Valencia está trabajando en un proyecto al respecto, mientras que Barcelona va por el mismo camino.
En el caso de la Ciudad Condal el coste de este peaje sería de 4 euros/día, que pagarían por igual todo tipo de ciudadanos, sin hacer diferencia entre residentes y no residentes y sin tener en cuenta los niveles de emisiones de los vehículos.
La propuesta del ayuntamiento de Barcelona contempla el cobro de peajes entre las 7 y las 20 horas, su aplicación a los vehículos con una ocupación de dos personas o menos y podrían establecerse un máximo de días gratuitos al año.

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